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Con la mentira política llega la desinformación en las redes: ¿cómo depurar responsabilidades?

Paula Gracia | 17 de diciembre de 2019

Redes sociales y desinformación | Pexels
Redes sociales y desinformación | Pexels
Los expertos exigen transparencia a políticos, medios de comunicación y plataformas digitales, y una actitud crítica de la ciudadanía ante la propagación de bulos. Rechazan los modelos legislativos de países vecinos que se posicionan en los límites de la censura.

La suma de bots y trolls, páginas de Facebook, cuentas dummies en Twitter, páginas de noticias falsas y, en especial, su “adaptación en tiempo real a la personalidad de los votantes” forman parte de una maquinaria propagandística que, de acuerdo con el experto en comunicación política Martin Moore, “han encontrado una manera de transgredir 150 años de legislación” desarrollada para que las elecciones sean justas y abiertas.

Este vacío democrático, en el que prima el interés económico, favorece que la cada vez mayor intoxicación informativa –o infoxicación– destruya el derecho real a la información. Sobre dicha problemática llegó a anunciar medidas la que fuera ministra de Defensa en 2017, durante el Gobierno conservador del Partido Popular (PP), María Dolores de Cospedal: “Las noticias falsas son desde ahora una amenaza para la seguridad de España y del mundo entero”. De esta forma, el Gobierno incluyó la desinformación en la Ley de Seguridad Nacional, conocida como la “ley mordaza”.

Denunciaba la columnista y escritora Rosa María Artal en eldiario.es que desde el PP se pensaba únicamente en las redes sociales: “Algún indicio les ha debido llegar del Capitalismo 3.0, el auténtico motor de las campañas, mercenario más que político”. La columnista interpelaba a la entonces ministra al defender que la desinformación “daña gravemente no solo las estructuras del Estado, sino a la sociedad y a la propia democracia”.

En redes, las granjas de trolls funcionan porque “cientos de personas crean, manejan y monitorizan cientos de miles de cuentas cyborg” –el perfil falso y semiautomatizado–, a cambio de dinero: son empresas de servicios, sostiene la experta en privacidad en internet Marta Peirano. ¿Y quiénes son sus clientes? Los más habituales se concentran entre los representantes de la ciudadanía: candidatos electorales, partidos políticos y gobiernos. Señala Peirano que estas empresas especializadas en difundir desinformación combinan diversas técnicas: desde desplegar un ejército de trolls a emplear agresivas herramientas de Big Data y márketing personalizado, todo ello guiado por la segmentación por perfiles a través de plataformas como Facebook y Twitter. “Esa hidra venenosa de tres cabezas se ha convertido en la gran máquina de propaganda política de nuestro tiempo”, comenta la experta: “La navaja suiza de las campañas políticas en línea".

El mismo digital informaba a finales de 2019 de que el PP había invertido miles de euros en una campaña opaca de anuncios en Facebook, así como en la impresión de carteles en los que se pedía “la abstención para Unidas Podemos y PSOE” de cara a las últimas elecciones del 10 de noviembre. Pero este no es el último paso conocido del partido en su trayectoria de prácticas propagandísticas.

¿Culpables?

Parece que solo bajo una serie de condiciones utópicas los bulos difundidos por los partidos y candidatos políticos no existirían: si se rigiesen por los códigos éticos, si todos los medios de comunicación cumplieran siempre con su función de contrastar los discursos para informar con el mayor rigor, y si los ciudadanos tuvieran más inquietud para informarse y formarse un criterio propio respecto a lo que se publica. Según esta hipótesis, ¿qué responsabilidad le correspondería a cada uno de los actores?

En primer lugar, los partidos políticos han intensificado sus estrategias en las campañas, se han expandido a través de diferentes plataformas de internet con el objetivo de atraer más votos, algo que sería legítimo y legal si no fuese por su estrecho vínculo con la desinformación. A los partidos se les debe reclamar transparencia hasta el punto de saber qué tipo de campañas contratan y qué efectos generan estas exactamente sobre la sociedad, de la que parten sus potenciales votantes.

La columnista de El País, contertulia y escritora Almudena Grandes ha abierto una controvertida línea de debate sobre los bulos desde que afirmó que la Junta Electoral Central (JEC) debería castigar con severidad a quien publica noticias falsas: “No es mentir, es hacer trampa”. Desde su punto de vista, la JEC debería afrontar el peligro más grave de entre los que se ciernen sobre la libertad del electorado y la corrección de las campañas.

En segundo lugar, hay quienes culpan a los canales y a los medios por la difusión de los bulos. Que las mentiras políticas campen a sus anchas en las redes ha generado cierta alarma social, curiosamente, más contra las plataformas que contra los propios políticos que las difunden. Algunas –como Facebook o Twitter– han empezado a dedicar “grandes inversiones” para atajar ese problema, según han defendido las propias compañías. Sin embargo, para la experta en derechos digitales Marta Peirano, estas iniciativas son “parches bienintencionados” que no atacan la raíz del problema: Facebook anunció una alianza con Maldita.es, Newtral, y la agencia de noticias AFP para contrastar contenidos en español que se mueven en su plataforma. Pero la detección de un bulo con esta vigilancia no llevaría a borrarlo del muro que lo compartió, sino a disminuir su visibilidad en un porcentaje que la red social cifra en el 80%.

Ante esta vacilante situación, hay quienes optan por exigir a las plataformas como Facebook, Twitter y Google que se hagan responsables del problema y rindan cuentas por sus actuaciones, como defiende el periodista David Alandete. Otras opiniones señalan que el castigo no debe ser únicamente para el mensaje, sino para el emisor que difunde la propaganda, tanto más en cuentas con identidades falsas que simulan ser un usuario real.

¿Regular... “la libertad de expresión en internet”?

La investigadora experta en análisis de datos Miren Gutiérrez se pregunta si se debería confiar el control de la propagación de datos a las plataformas: “No se trata del destino de unas pocas empresas, sino de la libertad de expresión en internet, que hasta ahora ha resistido, con diferente fortuna en cada país, a la regulación”. Gutiérrez considera que las redes sociales y las organizaciones periodísticas son diametralmente diferentes, y que el riesgo de compararlas podría implicar un exceso de sobrerregulación y censura sobre las personas que crean contenidos, lo que restringiría otros derechos. “La gran diferencia es que las organizaciones periodísticas difunden noticias generadas en procesos periodísticos gobernados por principios periodísticos” –aclara la experta– “mientras que las plataformas son vehículos, no necesariamente neutrales, de contenido de diversa naturaleza que puede ser generado por la ciudadanía y otros agentes”.

Empresas de fact-checking

La función del llamado “cuarto poder” es, en suma, forzar a los otros poderes a mostrar transparencia, con especial atención a los políticos y económicos. Con esta razón de ser han surgido empresas dedicadas al fact-checking o verificación de datos. Pero ¿“quién vigila a los vigilantes” en plena época de la mentira?, se cuestiona el periodista Daniel Bernabé sobre el auge de empresas privadas de control de datos informativos: “Hacen un buen trabajo desmintiendo bulos (...) habituales en la política desde hace unos años, coincidiendo, en principio, con la aparición de las redes sociales y los sistemas de mensajería instantánea”. Argumenta Bernabé que “con la epidemia de bulos determinadas empresas con un enorme poder se han arrogado el derecho a decidir quién puede o no publicar en sus plataformas, todo ello con una opacidad y una arbitrariedad que deberían empezar a preocuparnos”.

Recuerda que dichas empresas necesitan de su propio prestigio profesional “para llevar adelante su negocio, sus intereses, su línea editorial y sus necesidades empresariales”. La periodista y Doctora en Relaciones Internacionales, Myriam Redondo, coincide con ese argumento: “Cuando se piensa que la comprobación está politizada, ¿quién comprueba al comprobador?, ¿y por qué fiarse de él?”.

Mirada de negocio vs. mirada institucional

Las grandes empresas tecnológicas, por actuar como canales de los mensajes, están tomando algunas medidas: la plataforma de vídeos YouTube ha invertido 25 millones de dólares en promover la información contrastada. La empresa se ha adherido, según recoge El País, a la Google News Iniciative (GNI) para “ayudar al periodismo en la era digital”.

Mientras, la red social de Mark Zuckerberg, Facebook, se ha programado para “castigar” con menos notoriedad a las fuentes no fiables. La aplicación de mensajería instantánea WhatsApp, propiedad Facebook, ha difundido consejos para que los usuarios eviten creerse bulos y difundirlos. No obstante, el respeto de ambas compañías por la privacidad de sus usuarios se encuentran en tela de juicio. Estas medidas son vistas con recelo por algunos sectores de la sociedad, que señalan el poderío de estas plataformas.

Por su parte, la Comisión Europea ha puesto la mirada en los procesos electorales, razón por la que puso en marcha el Sistema de Alerta Rápida para intercambiar información y estrategias entre instituciones. Se basa en información “de código abierto” pero también engloba “los conocimientos del mundo académico de datos, plataformas online y socios internacionales”. Así, cuando los ciudadanos reciban una noticia falsa podrían acceder al "desmentido, la realidad sustantiva de que esa noticia no está fundamentada en la verdad", de manera inmediata, explica la periodista Sabela Rodríguez Álvarez en infoLibre. Además de este sistema de alerta, el nuevo mecanismo de la Comisión centrará sus esfuerzos en el seguimiento continuo del Código de Buenas Prácticas para aumentar la transparencia y mejorar la protección de los ciudadanos. En esta estrategia europea entra, por tanto, España. El Gobierno en funciones anunció en marzo de 2019 la creación de la Comisión Permanente contra la Desinformación en el marco del plan de la UE, para lo cual ha creado un grupo de trabajo interministerial sobre la desinformación.

Aparte de esta acción coordinada, algunos de los Estados han desarrollado legislación y herramientas propias para combatir la problemática de la desinformación: pero algunas de estas iniciativas han sido criticadas por la delgada línea que existe en los límites de la libertad de expresión y la censura. Alemania o Francia han aprobado sendas leyes: en el primer caso se obliga a la retirada de las plataformas de noticias falsas o discursos de odio en un plazo de 24 horas bajo pena de hasta 50 millones de euros de sanción; en el segundo, la legislación permite que un político inicie la vía judicial para frenar la difusión de bulos durante los tres meses precedentes a las elecciones.

Por otro lado, hay países que han desarrollado herramientas específicas: Italia impulsó el “botón rojo virtual” que el usuario activa para denunciar el contenido para verificar. La República Checa creó una unidad especial en el ministerio de Interior dedicada a neutralizar interferencias, aunque no eliminaron las plataformas que difundieran bulos por temor a acusaciones de censura: su estrategia se basa en que los medios recojan los desmentidos. Reino Unido ha abierto una unidad para abordar con rapidez la información falsa identificada.

En España, más de una decena de medios conformaron el proyecto de verificación ComprobadoES ante las elecciones del 28 de abril. También en ese contexto Interior programó un protocolo de seguridad en el que cien policías blindarían de bulos y ataques informáticos la jornada electoral de abril.

Transparencia y alfabetización mediática

La plataforma Xnet propone más transparencia al tiempo que sostiene que las legislaciones tienen el propósito de “acallar las voces críticas y aumentar el control sobre la población”, por lo que proponen un “marco normativo que desmantele el negocio de la desinformación, para acabar con la impunidad de los grandes fabricantes” de noticias falsas.

Han surgido también posturas críticas frente a las nuevas empresas de verificación, externas a redacciones periodísticas, por considerarlas como negocios políticamente sesgados. El periodista Manu Garrido señala que “la proliferación masiva del fact-checking lleva a plantearse su utilidad y, sobre todo, quiénes son sus consumidores”. Argumenta que “la realidad es que quienes difunden noticias falsas contra colectivos o contra ideas políticas no están demasiado interesados en saber si la información es real o no”. Se trata, entonces, de buscar la reafirmación de las propias ideas, creencias y valores”.

Este factor es el que señala el Instituto Niemen Lab de la Universidad de Harvard. La investigación de los profesores David Barker y Morgan Marietta se hizo bajo la premisa de que las percepciones de los hechos son impulsadas por la desinformación y que la solución era el acceso a información veraz: se encontraron con que los votantes ven el mundo de forma que refuerzan sus valores e identidades. Las raíces eran más profundas, pues para gran parte de los expertos los programas educativos son la base para combatir la desinformación: una actitud crítica ante lo que se publica y cómo se publica.

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